Subsidio y ley de reparación por Cromañón: cronología, reclamos y por qué sigue siendo una deuda del Estado 20 años después

Hablar de Cromañón no es solo hablar de lo que pasó el 30 de diciembre de 2004, sino de lo que siguió pasando durante décadas. Una de las dimensiones menos conocidas, pero más reveladoras, es la discusión por la reparación integral: qué reconoce el Estado, a quién reconoce, cómo repara, y con qué lógica actualiza (o no) ese reconocimiento.

El subsidio no es caridad, es una admisión política de responsabilidad. Argentina paga subsidios de reparación a tres colectivos: veteranos de Malvinas, familiares de desaparecidos de la dictadura y damnificados por Cromañón. El sentido es que el Estado asume que falló y que esa falla produjo daños que no se agotan en el tiempo.

La cronología que recorre mi episodio muestra, sin embargo, una reparación atravesada por la precariedad administrativa y la incertidumbre constante.

• Entre 2005 y 2013 el subsidio se rigió por distintos decretos de diferentes jefes de gobierno.

• En 2005, con el decreto 692 de Aníbal Ibarra, se estableció un subsidio que, en teoría, duraría seis meses; no había un criterio restrictivo fuerte para reconocer sobrevivientes.

• Luego, con Telerman en 2006, se prorroga, primero cuatro meses, y después sucesivas extensiones impulsadas por la lucha de sobrevivientes y familiares.

• Con Macri en 2007 cambia la lógica: se establece que los beneficiarios son solo quienes ya estaban reconocidos por el decreto de Ibarra, cerrando en la práctica la incorporación de nuevas personas y haciendo muy difícil sumarse.

• En 2013 se sanciona una ley que actualiza montos (de 600 a 1200 para sobrevivientes y de 1200 a 2400 para familiares, según el relato del episodio) y se fija una actualización anual por IPC de la Ciudad.

• En 2018 vence la ley y se logra una prórroga hasta 2021.

• En 2021, otra prórroga cambia el índice de actualización: en vez de IPC, se liga a la paritaria de SUTEBA con la Ciudad, un criterio que el episodio presenta como arbitrario porque el subsidio no está referenciado a un salario.

Los números del 2025 son contundentes en su contraste: sobrevivientes cobrando alrededor de $180.000 pesos y familiares alrededor de $350.000.

Más allá del monto, el punto más grave no es solo económico. La discusión de fondo es política y simbólica: el subsidio debería ser vitalicio si el Estado fue responsable, para dejar de revictimizar a un colectivo que debe reclamar cada pocos años lo mismo. Si el Estado no fue responsable, entonces debería eliminarse el subsidio por completo. Lo que existe hoy, según el episodio, es una zona gris funcional a la desresponsabilización: la incertidumbre se vuelve una forma de desgaste.

Además, es necesario subrayar un reclamo que va más allá del dinero: el padrón de sobrevivientes está prácticamente cerrado, y eso no solo restringe el acceso al subsidio, también restringe el reconocimiento identitario y social de ser sobreviviente. Hoy habría cerca de 1600 personas en el padrón, pero esa noche había casi 4000 en el lugar.

Y la reparación, por definición, no se agota en plata. Es necesario que haya medidas simbólicas y políticas: que la Jefatura de Gobierno asuma públicamente su rol, que se avance con la expropiación del inmueble para convertirlo en espacio de memoria, que no se abandone la utilidad pública del edificio y que no se “cierre” la historia por cansancio social. También hay que entender el uso político del caso: cómo fuerzas que se beneficiaron políticamente del juicio político a Ibarra después no acompañan con la misma intensidad los reclamos cuando les toca ser gobierno. Esa tensión, más allá de partidos, pone un espejo sobre una práctica recurrente: convertir el dolor en bandera cuando conviene, y en molestia cuando exige decisiones concretas.

En definitiva, la ley de reparación por Cromañón y su historia de decretos, prórrogas, índices cambiantes y padrones cerrados muestra que la masacre no terminó cuando se apagó el fuego. Sigue en los cuerpos, en las biografías, en la salud mental, en familias quebradas y en una política pública que aún discute lo básico: si reconoce plenamente su responsabilidad, o si prefiere sostener una reparación a medias, siempre provisional. Y si la memoria colectiva sirve para algo, es para que esa deuda no se vuelva costumbre.